Isamar Salas
Luego de las múltiples denuncias del desfalco a hospitales públicos, salió a la luz el mal uso del carné de discapacidad. Esta es otra actividad irregular que en las redes sociales fue calificada como injusta, inhumana y cruel. De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades los carné deben ser entregados a aquellos que padecen algún tipo de enfermedad y gozar de sus beneficios como: exoneración de tarifa de transporte, exención a impuestos y devolución del impuesto al valor agregado (IVA) entre otros. Sin embargo, estos han sido usados de forma fraudulenta para importar vehículos de alta gama.
El presidente, Lenín Moreno calificó estos hechos como “lo más ruin” al existir personas que no cumplen con los requisitos y son portadores de un carné. Es por ello, que aseguró que se retendrán vehículos importados con carnés fraudulentos, suspender la exoneración de aranceles, y auditoria al Ministerio de Salud Pública (MSP), quien es el ente que otorga el certificado.
No obstante, las denuncias por estos actos ilícitos no solo se originan con las importaciones de los lujosos carros de Daniel Salcedo. Según Xavier Torres, presidente del Conadis esto venían desde el 2017 cuando el MSP denunció que una trabajadora de forma ilícita aprobada carnés de discapacidad. En la actualidad, varios asambleístas poseen uno de estos documentos, de no transparentar su discapacidad estarían sujetos a sanciones penales y administrativas. Mientras tanto, hay desesperanza en niños y pacientes oncológicos que continúan en la lucha de ser beneficiarios de un carnet.
La fermentación de la corrupción ha tomado fuerza durante la pandemia del covid-19, primero fueron los kits alimenticios, sobreprecios en la compra de desinfectantes y ahora los carnés de discapacidad que cualquiera los puede conseguir con 1.300 dólares, menos los que en verdad lo necesitan. Pero qué se hace para frenar estos actos en un país en los que pocos le tienen fe a la justicia.
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